Ministros en coches verdes

MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - MADRID - 12/01/2008 08:04
Dentro de un año, el vehículo oficial de los ministros españoles será ecológico, es decir, se moverá con biodiésel o bioetanol. El Plan de Contratación Pública Verde de la Administración del Estado, aprobado ayer en Consejo de Ministros, prevé sustituir progresivamente la flota de coches oficiales. Empezará por los ministros y asimilados en 2009, y continuará por secretarios de Estado en 2010. En 2012, el 72% de los vehículos de la Administración serán verdes.
En la actualidad, el parque se compone de 1.182 vehículos y se prevé que se reduzca, en cuatro años, a 1.107 unidades. Los coches ecológicos pasarán de 270 a 798. Habrá también coches híbridos para desplazamientos urbanos, pero en estas compras verdes no se incluyen los coches de Casa Real, ni los de las administraciones autonómica ni local.
El plan fija como objetivo que en 2012 más de la mitad de la flota consuma mezclas de alto contenido de agrocombustible. Los coches oficiales consumen hoy en día 1,5 millones de litros de carburante, un 92,4% no biocombustibles, y se calcula que en 2012 se tragarán 1,7 millones de litros.
En los desplazamientos a eventos y actos públicos, se aumentará el uso del transporte público y colectivo, según asegura el plan elaborado por los ministerios de Medio Ambiente, Economía y Administraciones Públicas. Con estas medidas, el Ejecutivo espera que se produzca "una reducción muy considerable de las emisiones de CO y CO2", explica en una nota. El Ministerio, en todo caso, no ha especificado el coste que tendrá el blindaje de estos automóviles.
163.500 millones
Las compras que la Administración efectúa en mobiliario, equipos de oficina, papel, publicaciones, limpieza y transporte suponen el 18% del PIB, es decir, suponen un coste total de 163.530 millones de euros (de 2005). En el total de la UE, la contratación de suministros, bienes y servicios en las administraciones públicas suponen 1,5 billones de euros anuales, el 16% del PIB comunitario. La subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente, Concepción Toquero, explicó tras la aprobación del plan que "el producto ecológico no es más caro y, a largo plazo, puede suponer un ahorro en la facturación".
El plan de compras verdes también incluye a los equipos informáticos, y se estima que una adquisición ecológica en ordenadores personales puede suponer un ahorro del 4%, en pantallas de ordenador un 16% ,y en impresoras, hasta un 38%.
Ahorro de agua y energía
En 2010 se fija como objetivo una reducción del 9% de la energía que consume la Administración del Estado y del 20% del agua, respecto a 2006. Y en 2016, se gastará un 20% menos de energía. Estos son los grandes objetivos del plan, y se aplicarán en todos los edificios del Estado.
En equipos de oficina, en 2015 los documentos se imprimirán a doble cara y en papel reciclado, el 90% de todas las publicaciones se realizarán en papel reciclado, y se reducirá en un 20% el gasto de papel de oficina gracias, por ejemplo, a al uso de herramientas de administración electrónica. La Administración publicará un 40% menos en soporte de papel en siete años.
En mobiliario de oficina, se exigirá la compra de madera procedente de explotaciones gestionadas de forma sostenible. Y en productos de limpieza, el papel higiénico será reciclado, y habrá separación de residuos en papeleras y contenedores. Con la implementación de este plan, la Administración quiere dar ejemplo desarrollo sostenible.

PÚBLICO, Sábado 12 de enero de 2008

España se queda en la media

R. MÉNDEZ - Madrid - 14/01/2008

El PIB per cápita español es actualmente un 105% del de la media europea de 27 países. Esto significa que España deberá reducir sus emisiones prácticamente en la media europea. Aunque faltan por conocer los datos y los matices, si Europa se compromete a rebajar sus emisiones un 20%, España estará obligada a una reducción parecida. Será un esfuerzo mayor que el de Eslovenia, Rumania o Chipre, pero menor que el de Francia, Reino Unido o Alemania. No es todo lo que pedía España pero al menos es un criterio que tiene en cuenta la población, tal y como quería el Gobierno español.

La queja principal del Gobierno es que en el reparto de emisiones dentro de la UE que pactó Isabel Tocino no tuvo en cuenta el aumento de población. España obtuvo entonces, mediante una negociación política, no tanto basada en criterios técnicos, que podría aumentar sus emisiones un 15% respecto a 1990. La falta de políticas contra el cambio climático, un aumento de población de cinco millones de habitantes y el crecimiento económico han disparado las emisiones: España emite actualmente un 49% más que en 1990. La paradoja es que es el país que más se aleja del objetivo pero sus emisiones por persona son de 9,6 toneladas de CO2 al año, mientras que la media europea es superior a 10.
España pretendía ante la UE que las emisiones de la industria fuesen iguales en todos los países. Es decir, que cada cementera tuviera la misma asignación por cada tonelada de cemento y así evitar la deslocalización. Además, quería que el resto de las emisiones (las del transporte, la calefacción, que no se pueden asignar a una industria) fuesen en función de la población.
Juan Antonio Duro, profesor de Economía de la Universidad Rovira y Virgili y autor de estudios sobre el reparto de emisiones, explica que "el criterio del PIB per cápita permite a países como España que sus emisiones aumenten al subir la población. Da más margen de maniobra a países como España. Implica una mayor facilidad para cumplir los requisitos".
Fuentes próximas al Ministerio de Medio Ambiente explicaron ayer que habría sido mejor para España (en el sentido de que podría haber emitido más) si todas las emisiones dependieran de la población, pero afirmaron que el criterio del PIB per cápita tampoco le viene mal: "Todo lo que sea tener en cuenta de alguna forma la población conviene a España".
Los ecologistas apoyan que el nuevo reparto tenga un criterio medible. Ladislao Martínez, de Ecologistas en Acción, afirmó: "Es razonable que el reparto de las emisiones se haga en PIB per cápita aunque nos gustaría más que dependiera de la población".
La duda está en si España, que en las negociaciones internacionales ha defendido drásticas rebajas (en Bali apoyaba una reducción de entre el 25% y el 40%) podrá rebajar sus emisiones. Duro sostiene que "en el sector eléctrico puede que sí se logren reducir, pero el consumo en el transporte privado está disparado".

EL PAÍS, Lunes 14 de enero de 2008

Los países pobres de la UE podrán contaminar más que los ricos

ANA CARBAJOSA - Bruselas - 14/01/2008

Ha llegado la dolorosa hora del reparto. Tras meses de grandes palabras y de presentarse ante el mundo como la campeona en la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea tiene ahora que dejar por escrito cómo va a cumplir los ambiciosos objetivos que se ha marcado -recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20% para 2020 respecto a los niveles de 1990- una vez que expire el protocolo de Kioto en 2012, y, sobre todo, explicar cómo los Veintisiete van a ser capaces de conseguir que, también en 2020, el 20% de la energía que consuman provenga de fuentes renovables; un objetivo muy difícil de alcanzar para algunos países.

Después de intensas semanas de consultas con los Estados y la industria, la Comisión Europea pondrá sobre la mesa un paquete legislativo el 23 de enero, a cuyo borrador ha tenido acceso este diario, que fija los criterios de reparto del recorte de emisiones de gases contaminantes y los complejos mecanismos que deberán aplicar los Veintisiete. Las propuestas legislativas deberán contar con la aprobación del Consejo Europeo y el Parlamento.
El texto, sujeto a modificaciones de última hora y en el que aún no figuran las cifras exactas que corresponden a cada país, indica que las reducciones se asignarán "teniendo en consideración el PIB por habitante de los Estados miembros". Es decir, los países ricos estarán obligados a reducciones importantes, mientras que los menos desarrollados, principalmente los nuevos socios del Este, podrán incluso aumentar sus emisiones respecto a las de 2005, el año de referencia que maneja Bruselas para el escenario post-Kioto. Tendrán, sin embargo, un límite: no podrán superar el 20% respecto al nivel de hace tres años.
Este criterio se aplicará para sectores como la vivienda, la agricultura, el transporte o el comercio. Forman parte del llamado sistema de comercio de emisiones por el que las empresas pueden comprar y vender derechos de emisión de gases contaminantes. La industria pesada tendrá objetivos sectoriales que se aplicarán a todos los países por igual para evitar que las empresas de un país tengan ventajas sobre otros y para desincentivar las deslocalizaciones.
Una de las novedades del nuevo sistema de comercio de emisiones, que se presentará también dentro de 10 días, es que a partir de 2013 las empresas tendrán que pagar para adquirir la mayor parte de los derechos de emisión en lugar de recibirlos gratis de los Estados, como hasta ahora. "Al menos dos tercios del total de los permisos serán subastados", dice el texto en el que Bruselas realiza un poco frecuente ejercicio de autocrítica y reconoce que en la primera fase (2005-2007) los Estados "concedieron demasiados" permisos de emisión, lo que provocó que muchas compañías no se vieron obligadas a reducir los gases que vertían a la atmósfera y además se enriquecieron vendiéndolos.
Bruselas se propone mejorar este complejo sistema poniendo precio a los derechos de emisión, aunque algunos sectores como la aviación no tendrán que pagar parte de estos derechos durante los primeros años. La Comisión otorgará a cada país una cierta cantidad de derechos de emisión, también en función del PIB per cápita.
Ante la preocupación que ya ha manifestado la industria, Bruselas se compromete a revisar el sistema dentro de tres años y conceder nuevos permisos gratuitos si las empresas europeas pierden terreno en el mercado mundial por exigencias ambientales.
Junto a los recortes de emisiones, el impulso de las energías renovables y de los biocombustibles es el otro pilar de la política europea de lucha contra el cambio climático, con el que además Bruselas pretende reducir la dependencia energética de países como Rusia y crear trabajo.
El paquete legislativo fija las reglas para alcanzar el objetivo de que el 20% de la energía que se consuma en la UE provenga de fuentes renovables -actualmente ronda el 8,5%- y de que el 10% del transporte se alimente de biocombustible. También en las renovables se tendrá en cuenta el crecimiento económico de los países a la hora del reparto a partir de una cifra única que todos deberán cumplir. El trasiego de créditos de emisión se extiende también al capítulo de renovables, lo que ha provocado el rechazo de parte de la industria, de las ONG y de Gobiernos como Alemania o España, según fuentes próximas a la negociación.
La idea es que las empresas europeas puedan comprar y vender entre sí una especie de créditos que permiten a los que los compren apuntarse su cuota de renovable aunque no generen este tipo de energía. Gobiernos e industrias critican este sistema por considerar que distorsionará los mercados nacionales.
Grupos ecologistas lamentan que la UE haya adoptado la cifra global de reducción del 20% cuando del consenso científico se desprende que es necesaria una reducción del 30% para limitar el calentamiento del planeta a dos grados centígrados. La coordinadora de cambio climático de Greenpeace en Bruselas, Mahi Sideridou, asegura que "la UE ha adoptado una cifra arbitraria que además es inferior al 25-40% que se acordó en Bali para los países industrializados".
El borrador de directiva explica, sin embargo, que en caso de alcanzarse un acuerdo internacional para reducir las emisiones en un 30%, "la Comisión deberá ajustar los límites de emisión de los Estados miembros" sobre la base de un nuevo pacto global pos-Kioto.

EL PAÍS, Lunes 14 de enero de 2008

Imagen: El País

Guerra a las bolsas de plástico

POR ARACELI ACOSTA
MADRID. Probablemente las Navidades, y ahora las rebajas, le dejen surtido de bolsas de plástico de todos los tamaños y colores para el resto del año. Muchas las reutilizará -el 61 por ciento de la población vuelve a utilizarla como bolsa de basura-, ¿pero cuando ya no las necesite las depositará en el contenedor amarillo? La probabilidad dice que no, que sólo una de cada diez bolsas de plástico que utilizamos acaba en su contenedor correspondiente. El resto acaba su vida en vertederos o lo que es peor, en el mar.
Esto se traduce en que sólo 10.500 toneladas de bolsas de plástico, de las aproximadamente 100.000 toneladas que se usan, se reciclan cada año, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. Son un total de 10.500 millones de bolsas de plástico las que se distribuyen en nuestro país anualmente. Además, España es el primer productor de estas bolsas de un solo uso y el tercer consumidor en Europa.
En el mundo, la cifra es alarmante. Cada minuto se ponen en uso un millón de bolsas de plástico. Por eso no es de extrañar que en países tan distantes como Suráfrica, Estados Unidos, Alemania y Bangladesh muchas ciudades o, en el mejor de los casos, el país entero, hayan tomado medidas para limitar el uso de estos productos.

Pagar por ellas
Los últimos en sumarse al carro de prohibir o desincentivar el uso de este material son China y Australia. La pasada semana China prohibía a tiendas y supermercados el reparto gratuito de bolsas a los clientes, quienes a partir de julio tendrán que pagar por ellas o bien traerlas de casa. De esta forma el Gobierno chino pretende acabar con un consumo diario calculado en 3.000 millones de bolsas de plástico, a razón de más de dos bolsas diarias por habitante, que obliga a refinar 5 millones de toneladas de crudo cada año. La medida recoge también la prohibición total de las bolsas finas, de apenas 0,025 milímetros de espesor, cuya escasa calidad hace que sean difícilmente reutilizables, pues suelen acabar rotas.
Australia, por su parte, anunciaba hace cuatro días que a finales de este año empezará la retirada paulatina de estos productos de los supermercados.
La pionera en Europa fue Irlanda, que en el año 2002 impuso una ecotasa de 15 céntimos de euro para cada bolsa, lo que en cinco años ha supuesto una reducción de su consumo de más de un 90 por ciento. Y la última en declarar la guerra al uso de bolsas ha sido Gran Bretaña. Más de 30 municipios del área metropolitana de Londres aprobaron en noviembre una ley para prohibir a los comercios que las entreguen gratis a los clientes. Italia y Francia han establecido la prohibición de su uso para 2010. En países como Alemania o Suecia, sin existir normativa alguna, el cobro de las bolsas de plástico en las tiendas está generalizado, al igual que el uso de bolsas de tela reutilizables.
En España, el Plan Nacional de Residuos plantea algunas medidas para reducir el uso de bolsas comerciales de distribución fabricadas con materiales no biodegradables. Como objetivo último se establece la sustitución de al menos un 70 por ciento de bolsas no biodegradables por biodegradables de aquí a 2015. Una medida aplaudida por los productores de papel y rechazada por los fabricantes de plástico, y tildada de «muy tímida» por la organización ecologista Greenpeace.
Asimismo, se promoverá el uso de bolsas reutilizables en comercios y grandes superficies. Si estos objetivos de reducción no se cumplieran, en el año 2010 el Ministerio de Medio Ambiente podría revisar el citado plan para instaurar una tasa que grave su uso.

«Desembólsate del plástico»
Y es que, a pesar de que podemos adquirirlas gratis en los comercios, el precio que estamos pagando por utilizarlas es más alto de lo que creemos. El uso de bolsas de plástico va en detrimento de nuestro medio ambiente y tiene impactos sobre la salud. En Kenia, se han relacionado con la malaria, pues con las lluvias estos plásticos sirven de lugar de cría al mosquito Anopheles.
Según denuncia Greenpeace con su campaña «Desembólsate del plástico», las bolsas están hechas de polietileno, derivado del petróleo. Además, las convencionales no son biodegradables y pueden tardar cientos de años en descomponerse en el medio ambiente.
Por tanto, se impone el uso de bolsas de tela o desempolvar el tradicional carrito de la compra. La salud de nuestro planeta va en ello.

ABC, Lunes 14 de enero de 2008

El dilema

ANTONIO M. VÉLEZ/MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - Madrid - 12/01/2008 20:47
La decisión del Reino Unido de impulsar la construcción de centrales nucleares ha vuelto a poner sobre el tapete el debate sobre la viabilidad de esta forma de energía. Sus defensores argumentan que es la única forma de sortear el proceso de calentamiento global, ya que las centrales no emiten gases de efecto invernadero. Además, la nuclear reduce la dependencia energética externa de los países y ofrece la posibilidad de un suministro seguro y constante, a diferencia de lo que ocurre con las renovables.
Por el contrario, sus detractores, con las organizaciones ecologistas a la cabeza, rechazan este tipo de energía por la amenaza que suponen los residuos radiactivos y el enorme coste de su gestión, sin olvidar el riesgo de que pueda volver a registrarse un accidente como el de Chernóbil.

A Favor

Esta semana, Reino Unido ha dicho sí a la construcción de nuevas centrales nucleares, dando entrada, además, a la iniciativa privada. El Estado británico pretende no poner un penique para las nuevas plantas, que se unirán a las 19 que ya funcionan.
El país será el cuarto de la UE que se embarque en la construcción de nuevas centrales, un pelotón que completan EEUU, Japón, Rusia, Corea del Sur, Ucrania, China e India. A medida que la conciencia verde ha calado, el lobby pronuclear ha nutrido su argumentario con premisas de contenido medioambiental, que se unen a las puramente económicas.
1. Sin emisiones de co2. Los defensores de la nuclear (incluyendo al fundador de la organización ecologista Greenpeace, Patrick Moore) argumentan que esta fuente de energía no emite CO2 y que es la única forma de cumplir con los compromisos de Kioto y evitar el calentamiento del planeta, en un entorno en el que la demanda de electricidad no para de crecer como consecuencia del desarrollo económico. De hecho, en marzo del año pasado Francia pidió que se considerase a esta fuente como renovable en las negociaciones en las que se decidió que el 20% de la energía que se consuma en el conjunto de la UE en el año 2020 tenga origen verde.
2. Bajos costes variables. Tener en marcha una central nuclear (el coste operativo) es mucho más barato que generar electricidad con aerogeneradores, placas solares, gas natural, petróleo o carbón. Pero ese cálculo no incluye la gestión de los residuos, ni las costosísimas inversiones que requieren los reactores. Por otra parte, el uranio es una materia prima relativamente abundante, que no está sujeta a tensiones geopolíticas, como los combustibles fósiles, lo que le otorga una gran estabilidad para garantizar el suministro de electricidad.
3. Dependencia externa. El recurso a la energía nuclear reduce la dependencia del petróleo, que en el caso de España llega al 85%. En 2006, la balanza de pagos energética generó un déficit cercano a los 32.000 millones de euros, la mitad del déficit total. Los defensores de la energía nuclear aseguran que es fundamental para mantener la competitividad de la economía. Como dicen los franceses, firmes defensores de esta fuente y con una potente industria atómica: “No tenemos carbón, no tenemos petróleo, no tenemos gas natural, no tenemos elección.”
4. Seguridad del suministro. Dados sus bajos costes operativos y el progresivo encarecimiento del petróleo, la energía nuclear sería la única fuente capaz de garantizar una mezcla de fuentes (‘mix energético’) equilibrada, dado el insuficiente desarrollo de las renovables, que además son intermitentes (no siempre luce el sol ni sopla el viento). En Europa, el 33% de la energía tiene origen atómico. En España, ese porcentaje es del 19%.
5. Peligro moderado. Los defensores de la energía nuclear creen que el accidente de Chernobil fue un caso único, que se debió a una combinación de factores que no se dan en la actualidad: un diseño deficiente, unos reactores anticuados y una nula seguridad. Un ejemplo habitualmente mencionado es el accidente de Three Mile Island (1979), en Estados Unidos, que no liberó cantidades significativas de radioactividad a pesar de que la fusión nuclear fue comparable en magnitud a la de Chernobil.
6. Gestión de los residuos. Según los partidarios de la nuclear, la tecnología de transmutación, aún en fase de investigación, podría permitir en el futuro eliminar la radioactividad de los residuos atómicos, un problema para el que, a día de hoy, no existe solución.

En Contra

La energía nuclear despierta pasiones, y muchas de ellas en contra. Desde que en 1970 se abriera la primera central nuclear en España, la polémica ha estado presente cada vez que se produce un “suceso notificable” en una planta o se acercan elecciones. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció esta semana que no incrementará la energía nuclear y que, incluso, la reducirá “en función de la demanda energética global”. Su asesor Jeremy Rifkin cree que el modelo energético basado en petróleo y en uranio es insostenible y contaminante, y sólo conduce a la extinción del hombre.
1. Residuos. La solución definitiva a la gestión de los residuos de alta radiactividad es todavía una incógnita. En la actualidad, cada central nuclear almacena los residuos radiactivos en piscinas, pero su capacidad está a punto de superarse. El año pasado se constituyó una mesa para debatir sobre la energía nuclear en España y se decidió iniciar el procedimiento para construir un Almacén Temporal Centralizado que, gestionado por Enresa, albergaría los residuos de todas las centrales nucleares españolas. El procedimiento de información sobre el proyecto ya ha concluido y el Gobierno debe decidir dónde se ubicará dicho almacén. Ningún país del mundo cuenta con una solución final.
Por su parte, los residuos de baja y media actividad se almacenan en las instalaciones de Enresa en El Cabril (Córdoba), y proceden de centrales, hospitales y clínicas de rayos X, entre otros.
2. Oposición social. La sociedad española se ha mostrado en diversas encuestas de opinión en contra de situar una central nuclear cerca de su hogar, o de almacenar los residuos en su entorno. El miedo a lo nuclear sigue impidiendo un debate abierto sobre el futuro energético en España.
3. Accidente. El temor a un accidente como el que ocurrió en Chernobil (Ucrania) en 1986 por el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear sigue existiendo. En España el Consejo de Seguridad Nuclear se encarga de vigilar la operación adecuada de cada una de las plantas nucleares, pero a juicio de los opositores de esta energía, el riesgo existe sólo por el hecho de tener un reactor nuclear en actividad. El mayor suceso en una central española tuvo lugar en 1989 en la planta de Vandellós I (Tarragona), cuando se registró un incendio en la zona de turbinas, considerado “importante”, aunque no se produjo ninguna emisión de radiactividad al exterior de la planta. Se procedió a la clausura de la planta y a su desmantelamiento.
4. Financiación. El coste de construcción de una nueva central en la actualidad oscila entre los 3.000 y 4.000 millones de euros, una cantidad considerable para que una empresa eléctrica realice una inversión a futuro. Además, para la gestión de los residuos de baja y media radiactividad, Enresa cuenta con un fondo que hasta abril del año pasado se pagaba mes a mes con la contribución de cada consumidor en la factura de la luz, y desde entonces se encargan de su coste las empresas eléctricas. Las compañías de seguros también han estimado que las primas en caso de accidente nuclear son demasiado cuantiosas. Los grupos ecologistas han criticado que el recibo de la luz no refleje en la actualidad todos los costes reales de la producción nuclear, incluida la gestión de residuos.
5. Nuevos emplazamientos. La oposición social a construir nuevas plantas cerca de núcleos de población reduce las posibilidades de abrir centrales en emplazamientos diferentes a los actuales. El temor a lo que no se ve, como es la radiactividad, despierta posturas contrarias a más centrales.

PÚBLICO, Domingo 13 de enero de 2008

Inaugurada en Jumilla la mayor planta solar fotovoltaica de Europa

ABC
MURCIA. El ministro de Industria, Joan Clos, inauguró ayer en La Hoya de Vicentes, en Jumilla (Murcia), la mayor planta de energía solar fotovoltaica de Europa, de 23 megawatios de potencia, con una extensión de cien hectáreas donde se producirá energía equivalente al consumo anual de 20.000 viviendas, informa Efe.
Durante la inauguración, Clos dijo que el Gobierno tiene «la voluntad decidida de estar en el pelotón de los países líderes» en la generación de energías limpias como las que se producen en la planta inaugurada, y apuntó que hoy en día el país está en torno al 7 por ciento de la energía primaria producida de energías renovables.
Clos añadió que si a la solar y a la eólica, se suma la de biocombustibles, en 2010 se llegará al 10 por ciento de la energía primaria producida por renovables, y en 2020 se lograría alcanzar el objetivo de la Unión Europea de llegar al 20 por ciento.
El ministro indicó que España «sabe que no tiene petróleo ni gas natural, ni lo va tener», y que en un contexto de cambio de modelo energético mundial, el país está preparado a nivel tecnológico, financiero, empresarial y de condiciones naturales para apostar por las energías renovables.

«En nuestras manos»
«Está en nuestras manos que juguemos en primera división en este campo», agregó, y dijo que «vale la pena el sobreesfuerzo de apostar por estas energías, ya que los países con más coraje y visión de futuro apuestan por las renovables».
Recordó, asimismo, como un hito que en octubre pasado la producción de energía eólica de España se equiparase con la energía hidráulica, y confió que la investigación que se está desarrollando en mejorar las placas solares haga que éstas sean mas eficientes y se pueda generalizar su uso comercial.
Por su parte, el consejero de Desarrollo Sostenible de Murcia, Benito Mercader, afirmó que este año el presupuesto del Ejecutivo para subvenciones a la implantación de energías limpias alcanza los 3 millones de euros, y auguró que en un año se pueda alcanzar en esta Comunidad los 400 megawatios de potencia en energía solar, con lo que será un referente español y europeo en este campo.
La elección de Jumilla se ha debido, según fuentes de la empresa, a que es una de las zonas de mayor radiación solar de la Península, «con 300 días de sol al año garantizados», aseguró el alcalde, Francisco Abellán.
El alcalde señaló que en Jumilla se produce la mitad de la energía solar de la Región, y recordó que el Ayuntamiento puso a disposición de la empresa los terrenos donde se ha ubicado esta planta.
El proyecto, que cuenta con apoyo institucional de las tres administraciones, supone un ahorro de emisión a la atmósfera de 42.000 toneladas al año de CO2.
Torres dijo que para darse cuenta de las dimensiones hay que tener en cuenta los 17.000 metros cúbicos de hormigón que se han empleado, 60 kilómetros de cable, y los 12 kilómetros de canalizaciones y zanjas.

Huertos solares
Por otra parte, los huertos solares que han sido puestos en marcha durante los últimos meses en la Región generan electricidad para abastecer a 42.000 hogares y evitarán la emisión al año de más de 91. 000 toneladas CO2. En la actualidad, ya hay instalados 50 megavatios (MW) y se han presentado proyectos para llegar en menos de un año hasta casi los 400.
Así, Benito Mercader, destacó «las importantes inversiones que se están haciendo en la Región en energías limpias. El sector fotovoltaico está experimentando un crecimiento muy importante en la Región y desde la Administración Regional estamos haciendo un importante esfuerzo por la agilización de los trámites de las distintas iniciativas privadas para poner en marcha huertos solares. Murcia es un referente nacional en la producción de energías limpias».
Las instalaciones de la planta fotovoltaica de Jumilla ocupan una superficie de 100 hectáreas, en las que están distribuidas 200 plantas con un total de 120.000 paneles solares. La obra fue ejecutada en once meses y cuenta con una línea de distribución de 132 kilovatios de 1,5 kilómetros de longitud, que inyecta la energía generada por la planta a la red de Iberdrola.
Desde mayo del año pasado han sido presentadas 179 iniciativas de plantas de energía solar para la producción de 216 MW. «El sol es el petróleo de la Región de Murcia y la ejecución de las distintas plantas proyectadas, que suman un total de 371 megavatios, pondrán a la Región a la cabeza de producción de energías limpias» .

ABC, JUEVES 10_01_2008

China tomará medidas contra el uso de bolsas de plástico

EUROPA PRESS/ELPAIS.com - Pekín - 09/01/2008

El Gobierno chino prohibirá el uso de bolsas de plástico para frenar la polución, según ha anunciado su gabinete en la página web gubernamental. La medida será efectiva a partir del próximo junio y afectará a tiendas y supermercados, que tendrán que cobrar dinero a sus clientes por el uso de las bolsas o éstos deberán traerlas desde casa.

El objetivo es acabar con el consumo diario de más de 3.000 millones de bolsas de plástico, a razón de más de dos bolsas diarias por habitante, que obliga a refinar 5 millones de toneladas de crudo cada año. La ley contempla también la implantación de impuestos para desincentivar la producción y estimular el reciclaje.
Los establecimientos chinos se suelen caracterizar por un uso excesivo de envoltorios, y los dependientes de las tiendas suelen separar las compras entre productos fríos y calientes, grandes y pequeños o de comer y de droguería o papelería.
El pasado año la ciudad de Shenzhen (sur) ya puso en marcha una prohibición similar, mal acogida por los vendedores, que se quejaron de que los clientes dejarían de ir a comprar ante la perspectiva de tener que ir preparado con las bolsas a cuestas. Desde cadenas como Walmart se ha querido defender su apoyo a la medida. La portavoz china del gigante norteamericano ha recordado que la compañía ofrece desde el año pasado bolsas de tela por 3 yuanes (unos 30 céntimos), una tercera parte de su precio de producción, aunque de momento sin demasiado éxito entre el público.

Ejemplo a seguir
De esta manera, se estrecha el cerco a la proliferación de las bolsas de plástico. En Londres, se estudia prohibir su uso. En Irlanda, se ha logrado reducir su circulación en un 90% tras imponer una tasa y este ejemplo es el modelo que proyecta seguir la Generalitat de Cataluña que estudia gravar su presencia con una tasa ecológica.
En el mundo hay cuatro medidas para controlar la perniciosa proliferación de estos envases: concienciación al usario; prohibición directa de su utilización; promoción del reciclaje, o la imposición disuasoria de tasas por el uso de plástico.
Londres y otras 80 ciudades británicas también están debatiendo la posibilidad de imponer esta prohibición para atajar una práctica que sólo en el Reino Unido es la causa de la puesta en circulación de 1.300 billones de bolsas de plástico cada año que, por ejemplo, matan la vida marina. En Sudáfrica hay multas de hasta 13.800 euros.

EL PAÍS, Miércoles 9 de enero de 2008