05 febrero 2008

La Patagonia, electrificada

MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - Madrid -
La Patagonia es conocida como destino turístico mundial. Su mayor reclamo es la preservación de los ecosistemas, paisajes y biodiversidad. Sus tierras figuran protegidas por reservas y parques y monumentos nacionales. Es la tercera zona de agua dulce más importante del mundo, después de Groenlandia y de la Antártida. Hasta ahora ha sido intocable. En sus montañas con glaciares y llanuras verdes surgen dispersos pequeños pueblos de apenas un centenar de habitantes. Es la paradisíaca región de Aysén. Sin embargo, este paisaje único en el planeta puede cambiar en los próximos meses.
La compañía española Endesa proyecta construir cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, en la zona denominada Patagonia Norte. Estos cinco grupos eléctricos tendrían una potencia total de 2.750 megavatios, y una inversión de 4.000 millones de dólares (2.700 millones de euros).
La evaluación de impacto ambiental verá la luz esta primavera y se espera que en 2012 entre en funcionamiento la central Baker 1 (660 MW), en 2014 las de Pascua 2 (dos centrales de 770 y 500 MW) y dos años más tarde Pascua 1, con 460 MW. En 2018 entraría en funcionamiento Baker 2, de 360 MW. El objetivo del proyecto es generar electricidad para suministrar a Santiago de Chile, a lo largo de 2.200 kilómetros de cables de alta tensión, y posteriormente a la zona de Norte Chico, en la tercera región de Chile, donde hay minas de cobre.
Endesa argumenta en su proyecto "beneficios", como la construcción de infraestructuras, mejora de las telecomunicaciones para la región de Aysén, desarrollo de la economía local con servicios de alojamiento y comercio, energía barata para la zona y empleo. La construcción de carreteras, puertos e incluso un aeropuerto daría empleo a 4.000 personas, pero la zona carece de alojamientos suficientes. No obstante, este aparente desarrollo supone poner en peligro el patrimonio natural. El Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena, del que forman parte organizaciones sociales y ambientales, advierte de la grave amenaza que supone la construcción de estos embalses. El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, se pregunta: "Si la política de cemento y hormigón llega a la Patagonia, ¿qué nos queda?".

Inundación de ecosistemas
Además de la anegación de zonas de alimentación y refugio de fauna, las líneas de alta tensión supondrán un peligro de colisión para aves rapaces, patos, gansos y cisnes. Por otra parte, el 70% de los suelos inundados son productivos para la población local, que debería cambiar su modo de vida.
Chile importa el 70% de la energía que consume, depende excesivamente de la hidroeléctrica interna (con cortes por las recientes sequías) y su ineficiente consumo energético crece un 30% más que el económico. Las organizaciones sociales proponen incorporar energías renovables, mejorar la eficiencia y que se liberalice el monopolio para la explotación de hidrocarburos.
Los habitantes de Aysén reclaman a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que cumpla su compromiso de mayo de 2006, cuando dijo: "Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente", y añadió: "No se evaluarán proyectos aislados, sino que se incorporará el manejo integrado de cuencas como eje de la nueva política ambiental".
Las áreas silvestres protegidas reciben cada año 1,5 millones de turistas, el 40%, extranjeros. Pero la gallina de los huevos de oro del turismo sostenible podría acabarse, como lamentan los ecologistas.

El símbolo de Chile en peligro
La inundación de bosques, matorrales y áreas rocosas por la construcción de los embalses conllevará la pérdida de hábitat para fauna autóctona, como el huemul, ciervo que es el símbolo de Chile y que está en peligro de extinción.
También se verán afectados el cóndor, la vizcacha austral, el carpintero negro, aves de ribera como el pato correntino y la fauna de río, como la nutria y el huillín.

PÚBLICO, Miércoles 30 de enero de 2008

Camiones y autobuses pagarán 270 euros por entrar en Londres El ex presidente de Shell pide que la UE prohíba la comercialización de los coches más co

E. J. BLASCO. CORRESPONSAL
LONDRES. Ayer entró en vigor en Londres la tarifa de 200 libras (unos 270 euros) que el Ayuntamiento de la capital británica impone a los operadores de camiones y autobuses de especial contaminación que circulen por el llamado Gran Londres (la capital y sus inmediatos alrededores). El área ha sido declarada «Zona de Baja Emisión» por el alcalde laborista, Ken Livingstone. Las multas por incumplimiento de la norma serán de 1.320 euros.
La Asociación de Transporte por Carretera de Gran Bretaña estima que casi 20.000 camiones se verán afectados por esta disposición de Londres, que también deberán pagar, si entran al centro de la ciudad, como ocurre con el resto de vehículos, los más de 10 euros de la llamada «congestion charge», el impuesto de entrada al núcleo de la capital. «En una ciudad mundial moderna, la gente debería tener la oportunidad de vivir y trabajar sin temor a ser envenenado por el aire que respira», ha dicho Livingstone.
Por otra parte, en el debate que sostiene la Unión Europea sobre la posibilidad de prohibir o penalizar los automóviles con un excesivo consumo de carburante por kilómetro, por sus efectos contaminantes, terció ayer el ex presidente de la petrolera Shell a favor de una medida radical.
No es habitual que una voz procedente de la gran industria se pronuncie de una forma tan rotunda sobre una causa medioambiental que afecta tan directamente a sus intereses económicos. Mark Moody-Stuart en realidad ya no preside la petrolera británico-holandesa, aunque sigue en el sector energético como presidente de la minera Anglo American, pero sus declaraciones a la BBC han tenido eco.
Prohibir coches contaminantes
Moody-Stuart pide que la UE prohíba la venta de vehículos que estén por debajo de las 35 millas por galón de combustible (12,3 kilómetros por litro). «Necesitamos una dura regulación que diga que no se puede conducir o producir algo que es inferior a determinado estándar», declaró.
La medida sólo se aplicaría a coches nuevos, y se dejaría que los viejos que más contaminan fueran quedando fuera de uso con el paso del tiempo. Mientras en la producción de coches deportivos no sería díficil lograr los objetivos que se marquen, más complicado resultaría en el caso de algunos automóviles pesados de lujo.
Para la Sociedad de Productores y Comerciantes del Motor del Reino Unido, una prohibición de este tipo pone en peligro la industria del sector, cuando los conductores de vehículos especialmente contaminantes ya pagan más a través de determinados impuestos.
En el debate que mantiene la UE, los consorcios automovilísticos alemanes están presionando enormemente para evitar que se les penalice por seguir produciendo modelos pesados, de mayor consumo.
ABC, Martes 5 de febrero de 2008

El Oso Polar, primer amenazado por el cambio climático

Esta semana, el Gobierno de EEUU podría tomar una decisión histórica: catalogar el oso polar como la primera especie amenazada de extinción a causa del cambio climático.
PÚBLICO, Martes 5 de febrero de 2008

04 febrero 2008

Los entierros 'verdes', de moda en EEUU

Paula Gil (EFE)
SAN FRANCISCO (EEUU).- Todos conocemos aquello de "polvo somos y en polvo nos convertiremos" pero en EEUU cada vez más personas creen que este proceso de volver a la tierra debería ser mucho más respetuoso con el medio ambiente.
Los entierros naturales -aquellos que eliminan en lo posible la utilización de ataúdes y productos químicos en las técnicas de embalsamamiento- están ganando popularidad en EEUU gracias al auge de todo lo verde y ecológico.
"La demanda está aumentando a medida que la gente se informa más sobre este tema", explica Joe Sehee, presidente de la organización Green Burial Council, dedicada a la promoción de los entierros ecológicos.
Sehee opina que los ciudadanos de EEUU se están dando cuenta de que "pueden conseguir el tipo de entierro que ellos quieren y sin generar contaminación".
Según una reciente encuesta de Asociación de Jubilados de los EEUU (AARP en sus siglas en inglés), una agrupación con más de 35 millones de miembros, un 21% de los mayores de cincuenta años prefiere un tipo de entierro más respetuoso con el medio ambiente.
Las ventajas medioambientales son grandes si nos paramos a pensar en que, además de polvo, es mucho lo que queda de los fallecidos que reposan en los cementerios.
Según datos del Green Burial Council, en los entierros tradicionales en EEUU se emplean cada año 82.000 toneladas de acero, unas 2.500 toneladas de bronce y cobre y 1,4 millones de toneladas cemento, utilizado para mantener la forma de las tumbas.
Además, los procesos de embalsamamiento suponen residuos de hasta 3,1 millones de litros de fluidos basados en un componente llamado "Formaldehyde", que la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de EEUU (EPA) ha calificado de "probable agente cancerígeno".
Este componente puede acabar filtrándose hasta las aguas subterráneas y, además, supone un riesgo para los trabajadores de las funerarias, afirman en el Green Burial Council.
La alternativa es volver a la tierra de la forma más natural, sin ataúd ni embalsamamiento, una opción que, por el momento, sólo es posible en unos pocos camposantos de los EEUU.
"Estamos trabajando con los responsables de los cementerios, pero actualmente menos del cinco por ciento del total ofrece la opción de un entierro ecológico", asegura Sehee.

Menos daño también para el bolsillo
Un entierro "verde" puede resultar también mucho más económico para las finanzas de los difuntos y las de sus allegados vivos.
Mientras que en un funeral tradicional sólo el féretro puede costar unos 8.000 dólares, los entierros ecológicos cuestan entre 300 y 4.000 dólares, dependiendo del precio del suelo dónde se decida reposar eternamente.
Según Sehee, este tipo de entierros es también más lucrativo para los cementerios que las cremaciones, "una alternativa preferida por muchos". Pero para aquellos a los que lo de volver a la tierra sin ataúd les resulte demasiado frío, una buena opción son los sarcófagos biodegradables, que acaban de ponerse a la venta en el mercado estadounidense.
Natural Burial Company es una firma de EEUU que importa a este país féretros biodegradable europeos como el Ecopod, construido con papel reciclado, o el modelo de madera "EveryBody Coffin", un ataúd cuya simplicidad recuerda a los ataúdes de los campesinos de la Edad Media.
"Actualmente, estamos concentrándonos en el 'EveryBody Coffin' porque consideramos que es una solución sensible para las necesidades de los entierros verdes y las cremaciones limpias", explicó a Efe Cynthia Beal, portavoz de Natural Burial Company.
Aunque no proporcionan cifras concretas, la firma dice que espera vender este año un gran número de féretros biodegradables, entre los que se encuentran varios modelos realizados en madera, papel reciclado y mimbre.


EL MUNDO, Lunes 4 de febrero de 2008
Imagen: EL Mundo

La CNE pone en marcha el nuevo sistema de etiquetado para que el consumidor conozca el origen de la energía

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) está "poniendo en marcha este mes" el nuevo sistema de etiquetado de la electricidad, que permitirá al consumidor conocer el origen de la energía demandada, indicó hoy la presidenta del regulador, María Teresa Costa.
Este sistema también permitirá a los consumidores industriales que estén "dispuestos a pagar un sobrecoste por la energía que apoyan" que se les reconozca este esfuerzo en la 'web' de la CNE, lo que "reforzará su imagen dentro de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)", indicó Costa en un coloquio organizado por 'Fax Press'.
El nuevo sistema de etiquetado de la electricidad, de cuyo funcionamiento se encarga la CNE, obliga a los suministradores a incorporar en la factura de la luz información acerca de las distintas fuentes de energía utilizadas para crear la electricidad consumida.
Esta nueva 'denominación de origen' de la luz también incluirá el CO2 emitido por el 'mix' de origen y los residuos radiactivos de la fuente nuclear utilizada. De forma paralela, se desarrolla un sistema de garantía de origen mediante el cual los consumidores podrán acreditar ante terceros que consumen energía 'verde', lo que les permitirá beneficiarse de servicios de alta eficiencia.
La presidenta del regulador hizo estas consideraciones a propósito de la nueva directiva sobre renovables de la UE. El papel de la CNE en este ámbito, señaló, es "aplicar de forma diligente el marco normativo".

ESTABILIDAD REGULATORIA.
En todo caso, Costa sostuvo en alusión a los cambios normativos en España que "la estabilidad regulatoria y jurídica es fundamental". "Es preciso una regulación lo más cuidadosa posible para ser lo más eficiente posible".
Por otro lado, se mostró favorable a que el sistema destine mejores primas a las fuentes energéticas que se encuentran en "fase de aprendizaje", y estimó que el sobrecoste en la remuneración descenderá conforme mejore la curva de aprendizaje de las nuevas tecnologías.
Los precios del mercado no siempre "capturan los costes" asociados con el desarrollo de fuentes renovables, aunque "la remuneración intenta dibujar un escenario futuro en el que las externalidades vayan desapareciendo", añadió.


INCENTIVO A TRAVÉS DE PRESUPUESTOS.
La presidenta de la CNE se mostró a favor de que se incentive el desarrollo de energías renovables a través de los Presupuestos Generales del Estado. "Igual que hay programas especiales para el sector aeronáutico, debería haber programas especiales para el desarrollo de estas tecnologías", consideró.
Para Costa, la industria renovable debe ser considerada un "sector estratégico" y la tarifa eléctrica no puede asumir el coste de desarrollo de esta actividad. Si se incorpora toda esta partida a la tarifa, sostuvo, "se generan tensiones en el diseño que hace el regulador".
El esfuerzo en el desarrollo de las renovables "no afecta sólo al mundo de la energía, sino también al desarrollo tecnológico", por lo que también "debería ser asumido desde el ámbito industrial".


EUROPAPRESS, 29 de enero de 2008

El biodiésel marcha al ralentí

JUAN ARMENTEROS - Jaén -
La Comisión Europea insiste en la necesidad de reducir la emisión de gases para evitar el calentamiento del planeta. Por eso, el transporte es uno de los sectores que debe rebajar un 10% las emisiones para 2020. La UE apoya los biocarburantes por sus beneficios medioambientales, ya que su uso es una medida efectiva para disminuir las emisiones de los vehículos.
El Plan Europeo pretende sustituir el 20% de los combustibles convencionales por alternativos para 2020. Pero las ambiciosas metas de la UE y del Gobierno no se corresponden con lo que está pasando en los biocombustibles en España, según los productores.
Las buenas perspectivas dispararon la creación de plantas de biodiésel. Actualmente, hay 22 operativas, 26 en construcción y 19 en proyecto. Las empresas que pusieron en marcha sus motores para elaborar biodiésel han tenido que bajar las revoluciones y dejarlos al ralentí. Entre las causas para esta situación, figuran la importación de biocombustible, el encarecimiento de las materias primas, y la no obligación de incluir un 5% de biocombustibles en los gasóleos de los surtidores.
La última planta en incorporarse al biodiésel está en Linares, Jaén. Se trata de una fábrica procedente de la reconversión de Azucareras Reunidas, tras un expediente de regulación de empleo por la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del azúcar. Treinta despedidos de Azucareras trabajan en Linares Biodiésel Technology.
La planta ha empezado a producir 150 toneladas al día, la mitad de lo previsto. Cuando esté a pleno rendimiento, tendrá que buscar compradores. Todo un reto porque, según su director Luis Alfonso Munielo, el mercado del biodiésel no atraviesa un buen momento.
La planta de Linares es una de las mayores del país y entre todas tienen capacidad para producir 800.000 toneladas de biodiésel; sin embargo, el año pasado sólo produjeron 170.000. El 90% se vendió en España, donde también entraron 150.000 toneladas de Estados Unidos.
La importación de biodiésel americano, según la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), "está provocando el colapso de la industria nacional de biocarburantes justo cuando la capacidad instalada se ha multiplicado por tres en el último año, en cumplimiento de la planificación energética nacional". Los productores amenazan: "muchas de estas factorías se encuentran actualmente en una situación crítica de parada o bajo nivel de producción".
Como a perro flaco todo son pulgas, el sector también se ve perjudicado por la subida del precio de cereales como la colza o la palma. La puntilla la ha dado el retraso en la obligación de que el gasóleo para vehículos lleve un 5% de biodiésel. Este deber por ley de las gasolineras tenía que haber entrado en vigor, pero la orden ministerial aún no se ha publicado.
Demasiados problemas para un motor que va a trancas y barrancas, y cuyos responsables temen que se gripe. De seguir este panorama, en Linares temen que la maquinaria que con tanta ilusión han puesto en marcha se quede en el rodaje.

Colza por remolacha
La colza no tiene buena imagen en Jaén desde el envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado. Para una provincia cuya principal riqueza es la producción de aceite de oliva, el caso de la colza fue un duro golpe que afectó a su economía. Por eso, cuando a los agricultores les hablaron de sembrar colza torcieron el gesto. Tras el abandono de la remolacha, impuesto por la reforma comunitaria del azúcar, se resignaron a probar con la colza. Quienes apostaban por el biodiésel en Linares convencieron a unos pocos agricultores para que sembrasen 300 hectáreas.
El gancho: la urgente y masiva necesidad de esta materia prima para la nueva planta, por lo que era previsible que los precios fueran rentables. La experiencia no les ha debido convencer demasiado porque este año, según el director de Linares Biodiésel Technology, sólo han sembrado la mitad. Muy poco terreno para una fábrica que necesita 30.000 hectáreas de colza para abastecerse.

El mal viene de fuera
El biodiésel estadounidense se vende en España por debajo de 0,66 euros el litro (750 euros por tonelada), mientras que el coste de producción en las fábricas españolas es superior a 0,75 euros el litro (850 euros por tonelada). Gracias a eso, en 2007, el biodiésel de EE UU copó el 50% del mercado español.
La APPA quiere una solución y ha presentado un informe jurídico al Gobierno para evitar que los biocarburantes estadounidenses, que están subvencionados en su país, se beneficien también en el nuestro con el vigente tipo cero del Impuesto Especial de Hidrocarburos.

PÚBLICO, Domingo 3 de febrero de 2008

Más «verdes» por tres euros a la semana

M. N. CORRESPONSAL
BRUSELAS. Europa se va a gastar el equivalente al 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020 en combatir el cambio climático. Este dinero, que supondrá alrededor de 90.000 millones de euros -tres euros semanales a cada ciudadano europeo-, se empleará en costear todo el cambio que tendrá que hacer la industria europea para adaptarse a los nuevos topes de emisiones.
Esta regulación, que aún debe recibir el visto bueno del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo y que como pronto entraría en vigor en 2013, supondrá por ejemplo que los europeos tendrán que pagar alrededor de 150 euros más al año por la electricidad, mientras que la industria pesada deberá afrontar un gasto extra de 50.000 millones de euros en concepto de inversiones para reducir la emisión de gases contaminantes y de compra de derechos de emisión.

Destrucción de empleo
A este coste económico directo se le une otro indirecto y, si cabe, más importante que el primero, como es la destrucción de empleo, ya que unas primeras estimaciones hablan ya de que se perderán decenas de miles de empleos en el sector del aluminio por las deslocalizaciones a que se verá obligado el sector, huyendo de este sobrecoste de producir en Europa.
En renovables se contempla que los países puedan hacer inversiones allá donde éstas sean más productivas, eficacia que supondrá un ahorro de 1.800 millones de euros, según la CE.

China y Estados Unidos
Una de las incógnitas que se abren tras la presentación de este ambicioso proyecto es que en el caso de que el resto de los países no se sumen a esta lucha contra el cambio climático, que sustituirá al protocolo de Kioto, las empresas europeas tendrán la batalla perdida en un mundo cada vez más globalizado ya que, por ejemplo, el acero que se produzca en China o en Estados Unidos no tendrá este sobrecoste «verde».
El lado positivo es que la industria de la energía renovable, que actualmente tiene una cifra de negocio de 30.000 millones de euros y da trabajo a 350.000 personas, se verá muy potenciada y generará el correspondiente empleo.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció esta semana que, en caso de que suceda algo así, Europa pondrá una especie de arancel de entrada a los productos que hayan sido fabricados en países que no tienen límites de emisiones de carbono. Este nuevo arancel, en todo caso, tendría que pasar el filtro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no es muy proclive a que se limiten o graven las transacciones comerciales.
En todo caso, las industrias europeas más sensibles a la competencia extraeuropea podrían quedar en el último momento exentas de pagar por contaminar, aunque la lista de estas empresas se decidirá en 2010, lo que añade cierta incertidumbre.
Los sectores de la aviación y las refinerías de petróleo entrarán también gradualmente en el comercio de derechos de emisión.

Acero y electricidad
Los sectores industriales más contaminantes, como el acero y la electricidad, tendrán que reducir sus emisiones un 21% de aquí a 2020 respecto a las emisiones de 1990, y la novedad es que tendrán todas los mismos límites, independientemente del país donde se encuentren, de modo que no se altere el Mercado Único Europeo.
En cuanto al reparto por países, España no ha salido muy mal parada, ya que los transportes y hogares, que no estaban incluidos en el anterior sistema de comercio de emisiones, tendrán que recortar un 10% la emisión de CO2 en 2020 y el 20% de la energía que se consuma en esa fecha tendrá que ser de origen renovable, frente al actual 8,5%.

No hacer nada cuesta más
Ante las numerosas críticas que ha recibido la propuesta, sobre todo de los principales sectores industriales europeos, Barroso ha respondido de una manera directa que «el coste de no hacer nada será diez veces superior a las medidas que hemos presentado, según se pone de manifiesto en el informe del profesor Stern».
La buena noticia, además de que entre todos ayudaremos a tener un planeta más sano, es que lo que se recaude con los derechos de emisión -alrededor de 50.000 millones de euros en 2020- se destinará al mismo fin, a proyectos ambientales.
Entre las novedades figura también el hecho de que todas estas cuotas serán jurídicamente vinculantes, tanto para los países como para las empresas, por lo que en caso de incumplimiento podrían tener que enfrentarse ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Todo este conjunto de medidas permitirá además reducir la dependencia energética que tiene Europa del exterior, y su correspondiente factura, alrededor de 50.000 millones de euros, equivalente al 0,3% del PIB europeo.
ABC, Lunes 4 de febrero de 2008