Una arcadia energética.

M.Á.G.V.
El sol golpea inmisericorde cobre 184.320 placas en la planta termosolar que Acciona construye en Alvarado (Badajoz). Tal es su furia que es capaz de elevar el fluido que bulle en su interior hasta los 400 grados centígrados. A su alrededor, en una superficie equivalente a 182 campos de fútbol, miles de brillantes espejos aguardan impertérritos el mismo destino: ser el material con que se construye la electricidad verde. Sin duda, la gran apuesta de Extremadura. Una comunidad donde las energías renovables están tan entrelazadas como el abrazo de dos amantes.
Esta Arcadia energética que quiere dejar a las generaciones futuras la Administración extremeña está definida por 11 plantas termosolares en construcción; 400 MW de energía solar fotovoltaica trabajando a plena intensidad y 23 parques eólicos proyectados con una potencia conjunta de 501 MW. Sumando esfuerzos, estaríamos frente a una inversión total que supera los 7.200 millones de euros. ¿El reparto? Unos 1.200 millones se los lleva el viento (700 corresponden a los parques eólicos y 500 a proyectos empresariales asociados a ellos); las plantas termosolares acogen 3.000 millones y la misma cantidad llega a la energía solar fotovoltaica.
“Se están primando las energías renovables por un criterio de solidaridad entre territorios y para cumplir los objetivos de la Unión Europea”, dice la extremeña María Antonia Trujillo, ex ministra y actual presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados.
Esta novedosa mirada energética quiere situar a Extremadura a la vanguardia del uso de estas tecnologías. “Mientras que la Unión Europea ha fijado 2020 como fecha límite para que el 20% de la energía que se consume proceda de energías renovables, Extremadura lo logrará en 2012. O sea, ocho años antes”, señala orgulloso José Luis Navarro, consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. No resulta extraño, entonces, que casi el 35% de las plantas termosolares que existen en España – tanto proyectadas como en construcción – se encuentren en esta comunidad autónoma.
Aunque siempre hay voces discordantes en esta propuesta energética verde: “Las energías renovables representan una economía accidental antes que real”, afirma Julián Ramajo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura, quien resalta que no hay un verdadero proyecto energético en la comunidad, sino una serie de actuaciones sobrevenidas por la crisis.
Sea como fuere, lo cierto es que las energías renovables han atraído a pesos pesados del sector energético como ACS, Acciona, Florida Power & Light, Eufer (Enel Unión Fenosa Renovables) o Abengoa, que están invirtiendo en Extremadura en plantas termosolares. Por ahora esas 11 plantas en marcha tendrán una potencia cada una de 50 MW (el máximo permitido). Si los plazos se cumplen, este verano funcionarán las dos primeras: Torre de Miguel Sesmero (ACS) y Alvarado (Acciona), ambas en la provincia de Badajoz. Y dentro de tres años, la producción de estas instalaciones ya representará el 25% del consumo eléctrico de la comunidad autónoma.
Una de las compañías que representa el interés por estas nuevas energías es Eufer, la cual, dentro de su plan estratégico 2009-2011, tiene previsto invertir 300 millones de euros para sumar una potencia de 208 MW en tecnología eólica, solar y de biomasa. Por ahora ya tiene concedidos seis parques eólicos (suman 104 MW). Son los de Santa Bárbara (18 MW); El Quebrajo (24 MW); La Traviesa (10 MW); Santo Domingo (10 MW); Los Castillejos (14 MW) y Gata (28 MW). En total suman unos 150 millones de euros, que vienen a representar entre 1,2 y 1,3 millones de euros de coste por megavatio.
Por su parte, Acciona, el gigante constructor reciclado al mundo energético, cuenta en esta comunidad con proyectos de energías renovables en cuatro tecnologías: solar termoeléctrica, biomasa, solar fotovoltaica y eólica. Traducido a cifras, hablamos de una potencia de 2070 MW y una inversión de unos 900 millones de euros. En plantas termoeléctricas encabeza algunas de las iniciativas más punteras de la región gracias a Alvarado I y Majadas del Tiétar – ambas en construcción – y está tramitando una tercera – Alvarado II -. con una potencia total de 150 MW (suponen un inversión de 700 millones de euros). En fotovoltaica, ha construido en Badajoz para terceros dos huertas solares ya en funcionamiento en Aldea del Conde y Castuera. Mientras que en biomasa, ha destinado 43 millones de euros en una instalación en Miajadas (Cáceres).
El viento sopla a favor también de los parques eólicos. Acciona tiene tres proyectos adjudicados a través de la sociedad Parques Eólicos de Extremadura (donde participa con un 51% repartidos entre Martina y Santa Olalla (Cáceres) y Umbría (Badajoz).
Un perfil más bajo es el de ACS. En energía solar tiene en promoción en Badajoz las plantas de Extresol II y Extresol III, ambas con una potencia de 50 MW. Y en construcción se encuentra Extresol, situada en la misma provincia y con idéntica generación.
El otro gran factótum de lo ecológico en Extremadura, junto a Acciona, es Iberdrola que, a través de su filial de renovables, ya tiene seis autorizaciones, que suman 102 MW de potencia instalada. La eléctrica trabajará junto con Electra Sierra de San Pedro – desarrollará cuatro parques situados en Villarta de los Montes, Peraleda de Zucejo, Zalamea de la Serena y Monterrubio-; Electra de Montánchez – un parque en Zalamea de la Serena y Campillo de Llerena-; y Electra de Malvana – Cilleros, Hoyos de Villamiel y Perales del Puerto-.
Pero no hay que engañarse por tanta profusión de instalaciones. Ésta es una partida, como se puede ver por la magnitud de los jugadores, cara, donde los pequeños y medianos productores tienen muy complicado hacerse un hueco. No es un negocio democrático. Por ejemplo, una planta termosolar como la que Eufer está desarrollando en Azuaga (Badajoz), de 50 MW), tiene un coste que oscila entre 230 y 250 millones de euros.
Sin embargo, mientras continúe soplando el viento, ver las enormes aspas de los aerogeneradores girando sin tregua en los 23 parques eólicos aprobados por la Junta será una imagen que en el futuro (hoy por hoy no existe ninguno funcionando en la región) el viajero contemplará cuando camine por parajes como Sierra de Gata, Riberos del Tajo, Las Villuercas – Ibores – Jara, Siberia, La Serena, Llerena – Campiña Sur, Río Bodión o Tentudía.
Y no habrá que esperar demasiado para ver este paisaje. Dos años después de iniciar su construcción, ya estarán los molinillos produciendo energía y empleo, unos 1.500 puestos de trabajo. Pero en este momento entra en juego uno de los grandes interrogantes de lo eólico.
A esta energía se le han achacado dos problemas – no llueve a gusto de todos no siquiera en el viento, pensarán algunos -: su fuerte impacto visual, ya que necesita una gran extensión para instalarse y la limitada creación de empleo.
Para hacer frente a este último inconveniente, la legislación extremeña exige, recuerda el consejero de Industria, José Luis Navarro, la creación de tres puestos de trabajo por cada megavatio instalado, que han de ser estables y ajenos al propio parque eólico. Algo que al Partido Popular le parece “excesivo”, indica Anselmo Díaz Cabello, diputado regional del PP. “Hay que crear riqueza y ella sola traerá el empleo”, argumenta. En cuanto al primer problema, “el territorio está para usarlo”, afirma Antoni Llorens, director de Eufer en Extremadura. “No podemos tenerlo todo. Resulta imposible ser independiente de las energías fósiles y, al mismo tiempo, no ocupar territorio. Es como buscar la cuadratura del círculo”, recalca.
Más intensivo en términos de creación de empleo es la energía termosolar. Sólo las 11 plantas en desarrollo generarán aseguran en la Junta, 5.000 puestos anuales durante su construcción y alrededor de 500 directos estables cuando entren en funcionamiento.
Lejos del empleo, sin duda el debate con mayor calado que se ha abierto, es el tarifario y el ordenamiento jurídico que lo regula. Porque se corre el riesgo, sobre todo en la producción termosolar y eólica, de morir de éxito. Muchas empresas han llegado a estas energías atraídas por las subvenciones públicas. Más de 3.000 millines de euros, de hecho, se gastó la Administración el año pasado en subvencionar las renovables, una cantidad que inevitablemente se traslada al recibo de la luz, que debería subir para compensar el desembolso.
El Gobierno ha tenido que hacer frente a esta sangría – una vez descartada una subida de la luz – con una regulación nueva publicada en abril por la vía de la urgencia – se ha utilizado un real decreto – para frenar, como indica con ironía un experto del sector parafraseando una vieja canción de los Rolling Stones, “esta simpatía por las subvenciones”. Pues los números demostraban que la situación era insostenible.
La cuota máxima de de producción termosolar en nuestro país para 2010 está fijada en 500 MW, una cantidad que ya se supera solamente con los proyectos extremeños. En este competitivo escenario, el sector, y también el PP y el PSOE de Extremadura, reclaman del Ministerio de Industria saber a cuánto se pagará el kilovatio, que es la clave para ver si los números les salen o no a las empresas productoras.
Las voces críticas las encabeza el Cluster de la Energía de Extremadura, formado por compañías productoras, asociaciones empresariales y fundaciones relacionadas con las renovables. Gonzalo Barrantes, su gerente, critica tanto las formas: a través de un real decreto; como los modos: son buscar el consenso de los productores renovables. “No han contado con nadie en ningún momento”, dice Barrantes. Además, como puntualiza Anselmo Díaz Cabello, “no se pueden cambiar las reglas de juego en mitad de la partida”.
¿Pero qué pide esta nueva regulación que tantos desacuerdos está generando?. Pues exige la inscripción en un registro previo a los productores y avalar la mitad del coste del proyecto. O sea, unos 20 euros por cada kilovatio que se quiera instalar. Y la medida escuece.
“Actualmente”, reflexiona Gonzalo Barrantes, “nos resulta imposible cumplir con los requisitos, Aquellas empresas de renovables que por potencia no puedan acceder al régimen especial – el subvencionado – tendrán que volver a echar cuentas. Porque vender a pool – a la red eléctrica – ciertas energías no resulta ahora rentable sin una subvención”. Y aclara: “Toda nueva tecnología necesita en sus comienzos esa ayuda pública”. Además, por si fuera poco, “los bancos están cerrando el grifo del crédito, incluso para proyectos eólicos aprobados”, avisa el diputado regional del PP.
Es evidente que hay que buscar un equilibrio, pues lo que resulta más difícil de aceptar es que la tarifa de las renovables la paguen, en gran parte , los ciudadanos. “Hay que hacer compatible el fomento de estas energías con una repercusión razonable en el precio de la energía eléctrica que pagan los consumidores finales”, afirman en la Junta de Extremadura. Al tiempo, su consejero de Industria, José Luis Navarro, trata de atemperar los ánimos del sector: “Estoy en contacto con los productores casi a diario y conozco sus reivindicaciones. Todos le pedimos a Ministerio de Industria que resuelvan las incertidumbres lo antes posible para que los proyectos no se paren, y que con la misma rapidez salga la nueva regulación – sobre las primas y los cupos anuales de potencia que se van a contratar – “. Aunque puntualiza: “El fondo de lo que está haciendo la Administración lo compartimos todos”.
Este punto en común reside en que la regulación se hacía inevitable para frenar la oleada de proyectos cuyo único sentido era favorecerse de esas ayudad públicas. “Ha habido mucha especulación y por eso los avales son una garantía”, justifica Navarro. Esta situación es reconocida también por los propios productores. “Las empresas atraídas por la especulación, igual que llegaron, se irán”, vaticina Antoni Llorens, de Eufer.
De hecho, se estaban dando casos, denuncia César Ramos, portavoz de Industria, Energía y Medio Ambiente del PSOE en la comunidad extremeña, “que pedían puntos de enganche, a sabiendas de que no iban a montar el proyecto, para especular con ellos, impidiendo la llegada de empresarios que, de verdad, querían crear empleo”. Y concluye: “Para evitar esta situación se han pedido los avales”. Es evidente que Extremadura puede ser una Arcadia energética, pero necesita una regulación precisa.

EL PAÍS – EXTRA EXTREMADURA -, Domingo 28 de junio de 2009