04 febrero 2010

Los países desarrollados suspenden de nuevo en ahorro energético.

S.V. – MADRID
Con Copenhague a la vuelta de la esquina, muchos son los expertos que reclaman un mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático. En esta línea, la Agencia Internacional de la Energía (IEA son sus siglas en inglés) considera que es indispensable mejorar significativamente la eficiencia energética. La IEA propuso 25 recomendaciones en las cumbres del G8 celebradas en 2006, 2007 y 2008, que permitirán, si se aplican sin demora a nivel mundial, reducir las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) en 8,2 gigatoneladas al año para el horizonte 2030. Es decir, una disminución equivalente al doble de las emisiones de CO2 que genera hoy al año la Unión Europea.
¿Pero los países están haciendo lo suficiente en eficiencia energética? Algunos países miembros de la IEA (28 países en los que se incluye España) están aplicando una amplia gama de medidas de eficiencia energética (que van desde los edificios, el transporte, la Industria, la iluminación y los aparatos), pero sus esfuerzos sin insuficientes. sobre todo en el sector Transporte. Y resulta esencial tanto por el medio ambiente, como para la seguridad energética y para la economía. En concreto, ningún país miembro de la IEA ha aplicado total o sustancialmente más del 57 por ciento de las recomendaciones dadas y dos países de hecho no han aplicado ni el 10 por ciento de estos consejos. Por eso, desde la IEA concluye que todos sus países miembros necesitan de forma urgente aumentar la aplicación de políticas de eficiencia energética.
Desde la IEA recuerdan que las medidas de ahorro energético conllevan otros beneficios significativos, como la creación de empleo y mejoras en la salud (por aquello de las muertes prematuras que provoca la contaminación ambiental).
MIL MILLONES DE COSTE
Por otra parte, WWF publicó el jueves el informe “La ruta de España hacia Copenhague” para solicitar al Gobierno español un fuerte compromiso en la lucha contra el cambio climático. La organización pide que España asuma en 2020 el objetivo de reducir en un 30 por ciento las emisiones de CO2 de los sectores difusos respecto a las de 2005. Los sectores conocidos como difusos son el transporte, residencial, comercial, institucional, residuos, agricultura o industrial. Ninguno de ellos están incluidos en el comercio de derechos de emisión.
El análisis realizado por WWF, junto con la consultora Ecofys, muestra que el coste para cumplir con esta meta de reducción del 30 por ciento es de unos 1.000 millones de euros. Si se estima un período de puesta en marcha de cinco años, el coste anual sería de 200 millones, es decir, el 0,02 por ciento del PIB español.
LA RAZÓN – VERDE, Domingo 18 de octubre de 2009

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